julio 31

Los movimientos sociales también tienen derecho al nombre

Desde que surgió el 15-M hemos asistido a un desfile de siglas, eslóganes, nombres y “marcas” que, por momentos, nos recordaban la profusión de partidos que participaron en los albores de nuestra todavía joven democracia. Pero ahora no son solo los partidos los agentes del cambio político, incluso podríamos decir que ni siquiera son los principales agentes de los cambios a los que estamos asistiendo. Es cierto que, tarde o temprano y de una forma u otra, hay que pasar por esta institución, pero adquieren ya un mayor marcado carácter instrumental, respecto de las bases y movimientos sociales a los que pretende representar o simplemente ayudar a canalizar sus inquietudes, a resolver sus problemas.

Este cúmulo de iniciativas, partidos, asociaciones y movimientos sociales, que en ocasiones podríamos calificar de atípicos en nuestro sistema institucional, no ha sido ajeno a conflictos de carácter identitario, conflictos que se han desarrollado en diversos ámbitos y escenarios, como los que afectan a Podemos (1 y 2).

Una de estas batallas está siendo la protagonizadas por un movimiento que constituyó una clara herramienta de confluencia hacia el denominado 15-M.

Mediante la Sentencia de fecha 10 de junio de 2015, la Audiencia Nacional dirime el conflicto mantenido entre la Asociación que pretendía identificarse con el nombre “DEMOCRACIA REAL YA” y el grupo de ciudadanos que impugnaba la utilización de ese nombre por parte de la Asociación.

El Ministerio del Interior, mediante Resolución de fecha 19 de marzo de 2013, acordó la inscripción de la Asociación “Democracia Real Ya”, en el Registro Nacional de Asociaciones. Dicha decisión fue objeto de recurso, primero en fase administrativa, y ahora en fase judicial, reclamando que dicha denominación no podía ser objeto de apropiación por un grupo particular de individuos en perjuicio del resto de ciudadanos que se identifican con el movimiento DEMOCRACIA REAL YA.

La Audiencia Nacional, dando la razón al recurrente, analiza la naturaleza del movimiento social, poniendo de manifiesto que “la Plataforma “Democracia Real Ya” surgió como consecuencia de una agrupación de ciudadanos con la finalidad de responder a los problemas sociales fuera del cauce ordinario de participación ciudadana, rechazando adoptar las fórmulas o figuras jurídicas de organización y representación normales, poniendo en relieve su carácter apartidista e intención de mantenerse en esa situación huyendo de la necesidad de constituirse como partido o asociación; plataforma que surge en el año 2011.”

El Tribunal reconoce validez a dicha forma atípica de organización, que merece la protección que otorga nuestro ordenamiento, sosteniendo que:

“la “marca” “DEMOCRACIA REAL YA” se eleva como un signo externo que sirve al ciudadano interesado en dicho movimiento para reconocer una misma posición política o de respuesta ciudadana a los problemas de los ciudadanos, y esa dimensión de la marca es parte esencial de la misma, pues se utiliza como una seña de identificación comunicativa en los medios y redes sociales en internet, cobrando una especial relevancia en la actualidad entre aquellos ciudadanos que se identifican con el espíritu de dicho movimiento cívico, de forma que la “notoriedad” se alza como una conciencia de afección a un grupo ciudadano, que representa ideas e inquietudes ciudadanas afines entre aquellos que se comunican utilizando dicho signo o marca y, a su vez, el reconocimiento mutuo entre los ciudadanos que configuran dicho movimiento, en el marco de una organización primaria, anterior a la adquisición de cualquiera de las formas jurídicas reconocidas en Derecho…

podemos afirmar que la marca “DEMOCRACIA REAL YA”, es una “marca notoria”, y que viene a representar a un colectivo determinado cuyo eco social no ha escapado a la mayoría de la ciudadanía. Por ello, admitir la inscripción de la Asociación “DEMOCRACIA REAL YA”, supone, primero, obviar ese fenómeno social; y segundo, introducir un motivo de error o confusión en los ciudadanos que identifican dicha “denominación” con la Plataforma ciudadana en la que se fraguó el “Movimiento 15-M”, el primario, cuya singular estructura, forma de adopción de acuerdos y medios de expresión utilizados, la caracteriza, siendo voluntad de sus participantes mantener ese “status quo” de expresión ciudadana.

Finalmente, el Tribunal acuerda estimar el recurso y ordena que la Asociación se identifique con otro nombre.

Texto de la sentencia.

Comunicado de Democracia Real Ya.

julio 17

1 de julio: las páginas de enlace ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal

Desde el 1 de julio es delito, por primera vez en España, facilitar, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual. Se diferencia así la actividad de facilitar el acceso o la localización de obras (art. 270.2), de la clásica comunicación pública que seguirá estando tipificada en el art. 270.1.

El último caso relacionado con estas páginas del que se ha tenido noticia es el relativo a la página series.ly, cuyos tres administradores al parecer fueron detenidos según se ha conocido recientemente, pero la actuación policial fue en todo caso anterior al 1 de julio, conforme han manifestado los responsables de la página en un comunicado publicado en su blog.

Antes de que nuestros tribunales empiecen a interpretar el nuevo delito, hay casos abiertos sobre este tipo de páginas que todavía no han sido resueltos de forma definitiva. Así, el pasado mes de marzo se publicó la sentencia que condenaba a los responsables de la web yuokioske.com a unas penas inusuales en esta categoría de delitos y que supone realmente un punto de inflexión en la línea jurisprudencial mayoritaria dictada en relación con las páginas de enlaces.

Sin embargo, la posterior sentencia de fecha 27 de abril, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid en el caso nuncamas.org, absuelve al responsable de la página, sosteniendo que considerar los enlaces de la página como un acto de comunicación pública “supone una interpretación forzada y expansiva del concepto jurídico de comunicación pública definido en la Ley de Propiedad Intelectual.”

Y en el mismo sentido se sitúa el Auto de la Audiencia Provincial de Girona de fecha 5 de junio, que absuelve al titular de la página pordescargadirecta.com, al confirmar el archivo que en su día acordó el Juzgado de Instrucción.

Por su parte, la sentencia del caso youkioske ha dado lugar a una serie de análisis y comentarios ciertamente desafortunados. Así ha podido verse recientemente en una entrevista al Fiscal General de la Audiencia Nacional, D. Javier Zaragoza, en la que, entre otras cosas, afirmaba que la sentencia “incluye en el concepto de comunicación pública el sistema de intercambio de archivos P2P sobre el que había una gran discusión acerca de si lo era o no.” Como todos los conocedores de la página saben, el caso no tiene nada que ver con el intercambio de archivos P2P, tecnología sobre la que la Sentencia, saliéndose del tiesto, se pronuncia en exceso. En cambio, se omite cualquier análisis sobre la violación de derechos fundamentales que supuso la actuación policial, refrendada por el Ministerio Fiscal, al imposibilitar con sus actuaciones el examen del contenido de la página web durante la instrucción y juicio oral. En efecto, los agentes policiales, con la intención de hacer inaccesible la página, cambiaron las DNS del dominio, sin haber efectuado antes una copia de la web, con lo que la página dejó de ser accesible, impidiendo su examen posterior. Al parecer todo ello se hizo con la anuencia del fiscal que en sus conclusiones manifestó que técnicamente sería posible obtener copia de la web previamente a imposibilitar el acceso a la misma, pero que no hacía falta dado el conocimiento que tenían sobre su funcionamiento.

La modificación del código penal que entró en vigor el 1 de julio altera en gran medida el tablero de juego, diferenciando la actividad de “comunicación pública” (art. 270.1) de la de facilitar enlaces (art. 270.2). Esta diferenciación debería zanjar la discusión sobre si los enlaces constituyen o no un acto de comunicación pública de la obra enlazada, puesto que con la nueva redacción son categorías diferenciadas. Esta circunstancia debería jugar a favor de los titulares de páginas de enlace que todavía siguen sufriendo los rigores de un proceso penal iniciado con la antigua redacción.

Habrá que estar pendiente de los nuevos procesos penales contra este tipo de páginas y cómo se interpreta la nueva redacción del código penal, pero todavía se encuentran pendientes pronunciamientos judiciales en relación con hechos cometidos antes del 1 de julio, como la sentencia que dictará el Supremo en el caso Youkioske, que deberían dejar claro si un enlace se puede considerar acto de comunicación pública y, en su caso, los requisitos necesarios para alcanzar dicha conclusión. Esperemos que el pronunciamiento pendiente del Tribunal Supremo clarifique estas cuestiones y no contribuya a perder la fe en la Justicia.