octubre 19

Nombres de dominio con contenido pornográfico e infracción al honor

Registrar un dominio con nombre ajeno y redirigirlo a una página porno no supone infracción al honor.

Esta es la consecuencia que se extrae de la Sentencia nº 332/2018, de fecha 28 de junio, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en un curioso caso de nombres de dominio. El conflicto enfrentaba a dos empresas competidoras en el mercado de servicios médicos y una de ellas registró el nombre de la otra bajo .com (era el mismo nombre que usaba la empresa pero bajo el .es) para redirigir el dominio a una popular página de contenido pornográfico: www.pornhub.com.

La empresa afectada demandó a la que había registrado el dominio alegando que dicha acción suponía una infracción del derecho al honor.

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Pamplona que conoció el asunto falló a favor del demandante considerando que la utilización del dominio por los codemandados mediante la redirección del mismo a la página web www.pornhub.com constituye una intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor y a la propia imagen de la actora, condenando a los demandados al pago a la actora de 3.000 €, más los intereses legales, y a no hacer uso en lo sucesivo del dominio de Internet, imponiendo las costas a la parte demandada.

la parte condenada recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial le da la razón. Considera el tribunal que por más que se haga una interpretación extensiva del supuesto contemplado en el apartado 7º del art. 7 de la L.O 1/982, no puede entenderse que en el mismo encaje la actuación del demandado, consistente en ser titular de un dominio (.com) que redirecciona de forma automática a una página de contenido pornográfico, aunque el nombre de dicho dominio sea idéntico al nombre del dominio (.es) utilizado por la parte actora y a la denominación del centro médico de su titularidad, porque dicha actuación no supone “la imputación de hechos” ni “la manifestación de juicios de valor”.

Añade la Audiencia que una cuestión distinta es que pudiera tratarse de un acto de competencia desleal, pero que en la demanda no se ejercita ninguna de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por todo ello, la Audiencia concluye estimando el recurso, dejando sin efecto la sentencia dictada en instancia, para desestimar la demanda y absolver a la parte demandada.

En fin, como conclusión, podemos destacar que en casos en los que se use un dominio de esta forma, cuando los afectados tienen una presencia en el mercado, ya sea de mera concurrencia o de competencia, es preferible utilizar la normativa de marcas, o en su defecto la de competencia desleal, más que la relativa a la infracción al honor, intimidad y propia imagen. Eso fue lo que aconteció en uno de los primeros casos judiciales sobre nombres de dominio que hubo en España, relativo al dominio nocilla.com, que también estaba vinculado con contenido pornográfico y es mencionado en el libro “El derecho al nombre de dominio”.

La sentencia íntegra puede consultarse aquí.

septiembre 3

La responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación

Sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios de la información se ha producido un gran debate que se ha centrado especialmente en aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el derecho al honor intimidad y propia imagen, como se refleja en la excelente recopilación de casos estudiados por el profesor Peguera.

Entre los prestadores de servicios de la información podemos distinguir una categoría específica para los servicios de intermediación, como es el caso analizado, que ponen en contacto usuarios que demandan unos servicios con las empresas que lo prestan de forma efectiva.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha dictado sentencia que se ocupa de estas cuestiones en un caso que no está vinculado con la propiedad intelectual ni con el derecho al honor.

Según podemos leer en la resolución judicial, la demandante contrató a través de una página web un bono para montar a caballo en un centro hípico ajeno a la plataforma, pagando el precio de dicha actividad a la mercantil demandada y recibiendo un bono que habría de entregar a la empresa que regentaba el centro Hípico. Cuando se estaba desarrollando la actividad, se produjo una caída del caballo debida, según la demandante, a no estar bien amarradas las riendas a la silla, provocando unas lesiones por las que reclamaba una indemnización de 22.459,19 euros.

La Sentencia de primera instancia, tras realizar una serie de consideraciones sobre la relación jurídica que une a las partes, llega a la consideración de que ha de ser calificable como de contrato de mandato y desestimó la demanda interpuesta, absolviendo a la mercantil demandada, condenando a la demandante al pago de las costas.

La demandante recurrió dicha decisión, considerando que la relación jurídica era de compraventa (no de mandato) y que la demandada era responsable de las lesiones provocadas por una defectuosa prestación del servicio, dado que la empresa prestadora del servicio no estaba inscrita en el Registro de empresas y establecimientos turísticos e Castilla La Mancha, ni gozaba de los requisitos de la actividad, ni tenía un seguro de responsabilidad civil.

La Audiencia Provincial, aplicando la doctrina de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la plataforma Uber, Asunto C-434/15, y siguiendo las tesis de la sentencia de instancia, considera que la demandada merece la consideración de “una plataforma digital de intermediación”, si bien “dicha intermediación no se reduce a ser una mera página de enlaces o anuncios, ya que asume gestiones tales como el cobro, si por el pago a través de la web opta el consumidor.”

Y considera la Audiencia que, por mucho que el condicionado general la exima de toda responsabilidad, tal exención exención no puede implicar, frente al consumidor, una suerte de exoneración de la responsabilidad en la que como tal gestora o intermediadora digital pudiera incurrir. De esta forma, entiende la Audiencia que “la plataforma en su deber de buena fe contractual debe cerciorarse que las empresas que se encuentran alojadas en su web cumplen la normativa básica específica, sin que pueda alegarse por la plataforma intermediaria su implantación internacional y la diferente legislación de cada País, pues en todo caso ha de exigirse la adecuación a la legalidad del lugar donde se hallen ubicadas.”

De esta forma se concluye que “por mucha exoneración o advertencia que contenga el condicionado general predispuesto por la plataforma, concurre responsabilidad de la misma por haber incluido entre la sugerencia de empresas prestadoras de servicio aquella que no reunía los requisitos legales, sin advertir al consumidor de dicha falta de licencia y seguro. Responsabilidad que ha de entenderse viola los términos básicos la relación contractual de intermediación, quebrando el mínimo deber de diligencia que le es exigible a la empresa intermediaria.”

Esta doctrina jurisprudencial implica la necesidad de que estos intermediarios establezcan algún tipo de protocolo para intentar asegurar que el servicio que finalmente se presta, al menos, cumpla con las previsiones legales aplicables pues, de otra forma, podrían considerarse responsables de los eventuales daños que se causen.

Texto completo de la sentencia.

julio 6

Las ICOs (Initial Coin Offering) y sus implicaciones legales

Las denominadas ICOs, o Initial Coin Offering, que podemos traducir como “Oferta Inicial de Monedas”, suponen la última herramienta de moda surgida de la tecnología “blockchain” (cadena de bloques) que subyace a la mayoría de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Una herramienta versátil susceptible de muchos y variados usos.

Su nombre evoca al de otras figuras ya conocidas, como las “Ofertas Públicas de Venta” (OPV), o Initial Public Offering (IPO) en inglés, pero como destaca ALEX PREUKSCHAT en su artículo “El gran casino de las ICOs en el ecosistema Blockchain”, las ICOs difieren bastante de las Initial Public Offering (IPO) y puede dar lugar a confusión, pues son una herramienta que permite muchas más posibilidades que la clásica OPV y en principio no supone convertirse en “dueño” de la empresa que esté detrás de la ICO.

Cuando una empresa hace una ICO, vende lo que se llama “tokens”, que podemos traducir por “fichas” y que William Mougayar, autor del libro ‘The business blockchain’, define como “una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus accionistas”.

De esta manera el token funciona como una nueva moneda que usa la tecnología blockchain, fundamentalmente sobre el protocolo ethereum, para desarrollarse. Funciona como una moneda o unidad de valor, en el sentido que puede intercambiarse en el mercado y su valor fluctuar como cualquier otra moneda o activo, pero sus posibilidades son mucho mayores.

Antes de la adopción del dinero fiduciario actual, al que pueden asemejarse las criptomonedas clásicas como el bitcoin, los billetes no eran otra cosa que la promesa (contrato) de entrega de un determinado bien, el oro cuando se usó el sistema denominado “patrón oro”. Por tanto, el valor de la moneda dependía en gran medida del oro que la respaldara y la confianza en quien prometía su entrega.

Los tokens de las ICOs funcionan de forma un tanto parecida, pero, en vez de oro, prometen otra cosa. ¿Y qué es lo que prometen? Pues eso lo fija la persona o empresa que “vende” los tokens y, en la práctica, puede ser cualquier cosa. Como indica Cristina Carrascosa, “un token servirá para aquello que la persona u organización que lo diseñe y desarrolle decida. Los tokens admiten varias capas de valor en su interior, por lo que es quien lo diseña el que decide qué tiene dentro un token concreto” (Qué es un ‘token’ y para qué sirve).

En definitiva, el token es un contrato celebrado entre quien lo emite y quien lo compra a cambio de un precio, y ese contrato, soportado por la cadena de bloques (blockchain) tendrá el contenido que decida su emisor. Puede ser, por ejemplo, permitir el actual o futuro acceso a los productos y servicios de la compañía en condiciones más ventajosas que quien no tenga tokens, en cuyo caso la ICO podría funcionar como un sistema de crowfunding, pero con la diferencia de que al estar soportados en la cadena de bloques comparten las características del resto de monedas virtuales, como su fácil “negociabilidad” en el ecosistema blockchain, aunque el emisor de la ICO podría también limitar esta característica. El valor del token, así, dependería, o debería depender, de la promesa que contiene y de la confianza en quien lo promete.

Si visitamos las páginas web de las empresas que ofrecen ICOs todas tiene una estructura muy similar en cuanto a la documentación que ponen a disposición del público. Al igual que en los primeros años de la burbuja .com nadie iba por el mundo sin su flamante business plan, en las actuales ICOs no pueden faltar los “white paper”, “roadmap” ni la información sobre el equipo humano (con enlaces a linkedin). Adicionalmente, hay quienes cuentan, como la iniciativa https://ins.world/, con un contrato de compraventa o “token sale agreement”, donde se detallan las condiciones en las que se adquieren los tokens y los derechos que consiguen, pero no siempre existe este documento, por lo que muchas veces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se está comprando, más allá de lo fijado en los cada vez más estereotipados “white papers”.

El mercado de las ICOs, en octubre de 2017 llevaba captados más de 2.300 millones de dólares, en un periodo de tiempo muy reducido, por lo que ya se habla de la existencia de una gran burbuja en el sector, que tarde o temprano acabará pinchándose, según algunos, y que en cualquier caso ha despertado el interés de las autoridades.

Aunque no es su único uso, al poder usarse como un mecanismo de captación de ahorro, En españa la CNMV está analizando el fenómeno de las ICO, por si estas iniciativas entran dentro de su ámbito competencial, como han determinado otras entidades regulatorias que están empezando a dictar normas sobre las ICOs.

Actualización 20/9/2018. La CNMV publica un nuevo documento sobre “Criterios en relación con las ICOs”. http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf

Actualización 6/7/2018. La CNMV se pronuncia sobre diversas cuestiones relacionadas con las criptomonedas, como por ejemplo las plataformas de negociación “exchanges”.

Actualización 8/2/2018. 

Actualización 16/11/2017: La CNMV y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha emitido un comunicado alertando a inversores sobre el riesgo de las ICOs, considerando que algunas han de tener la consideración de instrumentos financieros, por lo que se debe cumplir con la normativa referida a actividades de inversión reguladas, destacando:

  • Directiva sobre folletos
  • Directiva sobre mercados de instrumentos financieros(MiFID)
  • Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativa (AIFMD); y
  • Cuarta Directiva anti-blanqueo de capitales

La CNMV sugiere a quienes quieran invertir en ICOs la posibilidad de ponerse en contacto la CNMV para resolver eventuales dudas. Una forma cómoda de tener registradas así las ICOs que operen en España.

Por otro lado, se hace la misma sugerencia a los promotores de ICOs, para ponerse en contacto con la CNMV a través de su Portal FinTech.

La Comisión de Mercados y Valores de los Estados Unidos (SEC) indicó que la oferta y venta de estos productos podrían “estar sujetas a los requerimientos de las leyes federales de valores” y que es necesario analizar caso por caso, de forma que si implican una retribución vía dividendos futuros, deben ser tratadas como un instrumento financiero y recientemente ha presentado cargos contra dos ICOs supuestamente fraudulentas.

Actualización 7/11/2017. Primera demanda colectiva por ofrecimiento y venta de valores no autorizados contra los fundadores y promotores del proyecto de blockchain de Tezo.

Las autoridades canadienses, por su parte, también tomaron una postura similar, expresando que en “muchos casos (…) las monedas/fichas deberían ser consideradas o calificadas como valores.”

Actualización 25/10/2017. La Comisión de Valores de Ontario (OSC, por sus siglas en inglés) ha autorizado expresamente una ICO organizada por Token Funder, que verá la luz el próximo mes, mediante su decisión de fecha 23 de octubre.

Mientras, en China se han prohibido, pues las autoridades consideran que muchas veces están vinculadas con             actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales, o directamente suponen fraudes financieros o estafas piramidales. La SFC, oficina gubernamental que actúa como reguladora financiera de Hong Kong, también ha anunciado que aquellas fichas emitidas a través del esquema Initial Coin Offering (ICO) podrían llevar la calificación de valores.

Por tanto, quienes se planteen hacer una ICO y vender tokens deben adoptar algunas precauciones, mientras se concreta su régimen legal.

En primer lugar, dado que muchas ICOs se encuentran referidas a productos o servicios de inversión o vinculados con actividades de captación de fondos o ahorro, debe evitarse el riesgo de que la iniciativa pueda ser calificada como estafa piramidal u otro tipo de estafa financiera, dadas las graves consecuencias penales que ello puede implicar. Para ello es fundamental una clara, concisa y comprensible  redacción del acuerdo o contrato de venta de los tokens, de forma que el comprador sea plenamente consciente del activo que está adquiriendo.

Si los servicios o productos incluidos en el token implican actividades cercanas a los servicios financieros, sería conveniente cumplir la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y estar pendientes de las decisiones de las autoridades, por si al final resulta de aplicación a la actividad normas específicas de servicios financieros, como Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago o si la CNMV u otra entidad regulatoria establece normas particulares sobre estos productos.

En cualquier caso, y al margen del marketing de los “white papers” o “roadmaps”, prestar una especial atención al contrato de venta de los tokens, para que quede claro qué es lo que se adquiere y en qué condiciones.

Estaremos pendiente de la evolución de esta figura que está llamada a revolucionar, fundamentalmente, el sistema de financiación de iniciativas nuevas, pero que supone una herramienta que va mucho más allá cuyas posibilidades apenas se intuyen todavía.

Enlaces para ampliar información:

junio 7

Las restricciones por geolocalización (geobloqueo) en el Mercado Único Europeo

Una de las principales ventajas de Internet, su carácter global -o más bien no territorial-, que por momentos desafía y derrota a las fronteras físicas, supone también una desventaja cuando se trabaja sobre el terreno que al final acabamos pisando todas personas; especialmente para los gobiernos, que intentan imponer el cumplimientos de sus normas, con enormes diferencias entre unos territorios y otros, y para las empresas, que intentan imponer condiciones de venta diferenciadas según el territorio, para maximizar sus beneficios, dando lugar así a una compartimentación de Internet, levantando muros donde antes no los había.

Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, el denominado “mercado común” suponía el principal objetivo de los Tratados de Roma firmados en 1957, en cuya virtud se constituyó la Comunidad Económica Europea. Dicho mercado común pretendía eliminar las barreras al comercio entre los Estados miembros con el objetivo de incrementar la prosperidad económica y contribuir a «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos».

En 1986, con el Acta Única Europea se dio un paso adelante y el concepto de mercado común dio paso al de “mercado interior”, definido como «un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada».

Esta idea de mercado interior ha ido evolucionando hasta lo que ahora llamamos “mercado único”, poniendo énfasis en el objetivo de conseguir una mayor integración entre los mercados de los diferentes Estados que componen la actual Unión Europea. Así, la Comunicación de la Comisión, de fecha 28 de octubre de 2015[1], considera que “el mercado único es uno de los principales logros de Europa”, abogando por un “mercado único más profundo y más justo”, especialmente en el marco del denominado “Mercado Único Digital” del que habla la Comunicación de la Comisión, de fecha 6 de mayo de 2015, titulada “Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa”[2], donde se indica que “necesitamos tener el valor de abrir los compartimentos nacionales de regulación de las telecomunicaciones, de derechos de propiedad intelectual y de legislación sobre protección de datos, de gestión de las ondas de radio y de aplicación del Derecho de la competencia.”

 Pero las actuales técnicas de geolocalización, o localización geográfica, permiten, aunque no sin problemas, implantar fronteras tanto en el ciberespacio como en el pretendido mercado único. El empleo de estas técnicas resulta práctica habitual por motivos muy diversos, tales como mejorar o hacer más eficiente la prestación del servicio al usuario, ofreciéndole contenidos o servicios más personalizados; velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de cada territorio, dado que hay servicios, como por ejemplo los juegos de azar, que pueden ser legales o no dependiendo del país; o vender los productos y servicios en condiciones diferentes según el territorio para maximizar los beneficios, dado que, por poner un caso, un hispalense estaría dispuesto a pagar mucho más dinero por ver un “derbi” Betis-Sevilla que no un polaco o un griego, lo que se traduce en que los comerciantes de los derechos de estas emisiones imponen cláusulas contractuales que obligan a quienes ofrecen estos contenidos a implantar restricciones de acceso por motivos geográficos.

En el ámbito de las telecomunicaciones, el Reglamento (UE) 2015/2120[3] ha sido el que puso fin a las tarifas de itinerancia (Roaming) y gracias a esta normativa los europeos pueden usar sus dispositivos móviles por los diferentes Estados de la Unión sin el miedo a la factura que podía venir si no desconectábamos el teléfono cuando se viajaba a otro país de la Unión.

En el ámbito de la propiedad intelectual, el Reglamento (UE) 2017/1128, de 14 de junio de 2017[4] relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior, es la norma que intenta contribuir a la verdadera creación de un mercado único en los servicios de contenidos, pero lo hace de una forma tímida, que ya se ve en su primer Considerando cuando, pese a decir “que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores”, no pretende realmente acabar con las discriminaciones que se hacen por razón del territorio en la comercialización de estos servicios, sino simplemente, aunque no es poco, “garantizar que los consumidores puedan utilizar los servicios de contenidos en línea portables que permiten acceder a contenidos tales como música, juegos, películas, programas de entretenimiento o acontecimientos deportivos, no solo en su Estado miembro de residencia, sino también cuando se encuentran temporalmente en otro Estado miembro por motivos de ocio, viaje, viajes de negocios o estudios.” Es decir, que si nos vamos de vacaciones a otro país de la Unión Europea podamos seguir disfrutando de nuestra suscripción a NETFLIX, por poner un caso.

Si realmente se pretendiera un mercado único, lo suyo sería prohibir las discriminaciones por motivos geográficos en la contratación de los servicios, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de servicios los costes de infraestructura no deberían ser muy diferentes de un país a otro, pero de momento las autoridades comunitarias no quieren ir tan lejos y así se indica que “…procede distinguir el concepto de portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea del concepto de acceso transfronterizo por parte de los consumidores a servicios de contenidos en línea prestados en un Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia, el cual no está incluido en el presente Reglamento…”, con lo que delimita la aplicación de este reglamento a la prestación de contenidos on-line a los que los usuarios puedan acceder desde su Estado Miembro, pero “sin cambiar los modelos actuales de licencia, como la licencia territorial, y sin que ello afecte a los mecanismos de financiación actuales”, es decir, permitiendo discriminaciones por razón del territorio, dado que como decíamos antes, éstas son muy habituales para conseguir una maximización de beneficios en los intermediarios de los derechos de propiedad intelectual.

Esta norma es de aplicación desde el pasado 1 de abril de 2018 y seguramente este verano se podrá comprobar el grado de cumplimiento por parte de los operadores.

Por último, tenemos que mencionar el Reglamento (UE) 2018/302, de 28 de febrero de 2018[5], sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior, que será de aplicación en diciembre de 2018 y que supone un paso más, aunque todavía insuficiente, en la consecución de verdadero mercado único donde no existan discriminaciones territoriales en el seno de la Unión Europea.

El primer Considerando ya pone de manifiesto el “quiero y no puedo” que supone esta norma. De un lado reconoce claramente que “para lograr el pleno potencial del mercado interior en tanto que espacio sin fronteras interiores…, no basta con suprimir las barreras entre los Estados miembros creadas por los propios Estados”, puesto que “esa supresión puede verse socavada por obstáculos creados por particulares y que son incompatibles con las libertades del mercado interior. Ello sucede cuando los comerciantes que ejercen su actividad en un Estado miembro bloquean o limitan el acceso a sus interfaces en línea, tales como sitios web y aplicaciones, a clientes de otros Estados miembros que desean realizar transacciones transfronterizas (práctica conocida como «bloqueo geográfico»). También sucede cuando determinados comerciantes aplican a esos clientes de otros Estados miembros condiciones generales de acceso diferentes a sus productos y servicios, tanto en línea como fuera de línea”, reconociendo que “los comerciantes segmentan artificialmente el mercado interior según las fronteras interiores y dificultan la libre circulación de mercancías y servicios, lo que limita los derechos de los clientes y les impide disfrutar de posibilidades de elección más amplias y unas condiciones óptimas… Eliminar el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes podría impulsar el crecimiento y aumentar las opciones de los consumidores en todo el mercado interior”.

            Con esta declaración parece que las autoridades comunitarias se decantan por un mercado único efectivo y que prohibirían las discriminaciones por razón del territorio, pero nada más lejos de la realidad, puesto que también se dice que “ese trato diferente podría, en algunos casos, estar justificado objetivamente”. No obstante, la norma sugiere que “el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben por consiguiente seguir suprimiendo esas barreras para reducir la fragmentación del mercado y completar el mercado interior.”

            De esta forma, lo que debería ser una excepción, la discriminación, acaba convirtiéndose en la norma, circunstancia que queda evidenciada con esta frase (Cdo.2): “el presente Reglamento debe determinar las situaciones en que no puede haber ninguna justificación para un trato diferenciado”. Es decir, se permite la discriminación, salvo en los supuestos que prevé la norma.

            De entrada, se excluye de su ámbito de aplicación las actividades que se mencionan en el apartado 2 del art. 2 de la Directiva 2006/123/CE, entre las que se incluyen por ejemplo, servicios financieros, los de redes de comunicaciones electrónicas, de transporte, de las empresas de trabajo temporal, los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de su modo de producción, distribución y transmisión, la radiodifusión, así como las actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, juego en los casinos y las apuestas. De forma específica se indica que “no afectará a las normas aplicables en materia de derechos de autor y derechos afines, en especial a las normas que contempla la Directiva 2001/29/CE”.

            Por tanto, nada más que con este elenco de exclusiones ya podemos intuir que su aplicación va a quedar reducida a unos sectores de actividad muy limitados, a los que, entre otras cosas, se prohíbe “la aplicación condiciones generales de acceso diferentes a sus productos o servicios por motivos relacionados con la nacionalidad o con el lugar de residencia o de establecimiento del cliente”, pero siempre que se den otras circunstancias, como que “no sean servicios cuya característica principal sea proporcionar acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas, y permitir su utilización, incluida la venta de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas que no tengan soporte material” (otra exclusión en el ámbito de la propiedad intelectual).

            No obstante, también se indica que la anterior prohibición de discriminación “no impedirá a los comerciantes ofrecer condiciones generales de acceso, entre las que se incluye el precio neto de venta, que difieran entre Estados miembros o dentro de un Estado miembro y que se ofrezcan a los clientes de un determinado territorio o a grupos específicos de clientes de forma no discriminatoria.”

            En fin, el rizo es ya un tanto acrobático y lo podemos resumir con que, con carácter general, salvo en el caso de las exclusiones, que no son pocas, no se puede hacer discriminación por razón del territorio, salvo que la discriminación se haga “de forma no discriminatoria”.

            Habrá que ver el recorrido que presenta esta norma en su aplicación, cómo se interpreta esa discriminación de forma no discriminatoria y las necesarias revisiones que se deberán hacer, si de verdad se quiere construir un mercado único en Europa, pues el propio Reglamento prevé que “a más tardar el 23 de marzo de 2020…, la Comisión presentará un informe sobre la evaluación del presente Reglamento” que “irá acompañado, en caso necesario, de una propuesta de modificación del presente Reglamento…, en particular, con vistas a examinar el ámbito de aplicación…, así como si… debe aplicarse también a los servicios prestados por vía electrónica cuya característica principal sea proporcionar acceso a obras protegidas por derechos de autor o a otras prestaciones protegidas y permitir su utilización, incluida la venta de obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas que no tengan soporte material, a condición de que el comerciante tenga los derechos necesarios para los territorios de que se trate.”

            En consecuencia, las medidas comentadas son un paso tímido en el largo camino del mercado único y sería conveniente que las autoridades de la Unión cumplan el mandato contenido en la norma de “seguir suprimiendo esas barreras para reducir la fragmentación del mercado y completar el mercado interior”, pues hace ya más de 50 años que empezamos con el mercado común.

[1]COM(2015) 550: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0550

[2]COM(2015) 192: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192

[3] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/562974-regl-2015-2120-ue-de-25-nov-medidas-en-relacion-con-el-acceso-a-una-internet.html

[4] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/600639-regl-2017-1128-ue-de-14-jun-portabilidad-transfronteriza-de-los-servicios.html

[5] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/616042-regl-2018-302-ue-de-28-feb-medidas-destinadas-a-impedir-el-bloqueo-geografico.html

OLDER OLDER 1 2 13 14