octubre 21

La obligación de disponer de un número de teléfono en los comercios online

La puesta a disposición de información de contacto a los consumidores se ha venido considerando requisito esencial para que éstos puedan ejercer sus derechos ante el comercio a través del cual hayan llevado a cabo una compra, pero había dudas sobre el alcance de los medios que deben ponerse a disposición de los usuarios, en particular sobre si es necesario indicar un número de teléfono y, por tanto, contratar una línea al efecto.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en su art. 10, sin mencionar el número de teléfono, establece que se debe indicar la “dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él [prestador de servicios de la sociedad de la información] una comunicación directa y efectiva”, lo que en ocasiones se ha entendido como el número de teléfono.

Por su parte, la Directiva 2011/83 sobre los derechos de los consumidores establece en su artículo 6, apartado 1, letra c), de una forma un tanto confusa o imprecisa, que hay que facilitar “de forma clara y comprensible… la dirección geográfica del establecimiento del comerciante y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz…”

Nuestra Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en transposición de dicha Directiva, establece al respecto en su art. 21.3, de una forma igualmente imprecisa, que se debe informar “sobre la dirección postal, número de teléfono, fax, cuando proceda, y dirección de correo electrónico en los que el consumidor y usuario… pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información…”

Y ese “cuando proceda” es lo que ha dado lugar a la controversia planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C‑649/17 Bundesgerichtshof/Amazon, resuelto mediante la Sentencia de 10 de julio de 2019.

Este caso tiene su origen en una denuncia de la Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores contra la web alemana de la plataforma de venta electrónica, Amazon, por una posible vulneración de la normativa alemana en cuanto al deber del comercio de facilitar a los usuarios un teléfono de contacto. Según la normativa alemana se debía facilitar, en todo caso (no “cuando proceda”), su número de teléfono, Por lo que en la práctica obligaba al comercio a contar con una línea telefónica.

De esta forma se preguntaba al Tribunal europeo, en síntesis, si el comercio tiene que informar siempre sobre el número de teléfono y, en consecuencia, si está obligado a contar con dicho medio de comunicación.

En su sentencia, el Tribunal concluye que la Directiva no obliga al comerciante a instalar una línea de teléfono o de fax o a crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores contactar con él, sino que únicamente obliga a facilitar el número de teléfono, de fax o la dirección de correo electrónico si el comerciante ya dispone de esos medios para comunicarse con los consumidores.

El Tribunal considera así mismo que “establecer una obligación incondicional de poner a disposición del consumidor, en todo caso, un número de teléfono, de instalar una línea de teléfono o de fax, o de crear una nueva dirección de correo electrónico, para permitir a los consumidores contactar con el comerciante, parece desproporcionado, en particular, en el contexto económico en el que operan determinadas empresas, en concreto, las más pequeñas, que suelen buscar reducir sus costes de funcionamiento organizando la venta o la prestación de servicios a distancia o fuera del establecimiento.”

De esta forma, el fallo de la sentencia establece que la “Directiva 2011/83/UE... se opone a una normativa nacional… que obliga al comerciante… a facilitar, en todo caso, su número de teléfono” y que igualmente “dicha disposición no obliga al comerciante a instalar una línea telefónica o de fax o a crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores ponerse en contacto con él, y únicamente obliga a facilitar ese número, el de fax o la dirección de correo electrónico, si el comerciante ya dispone de esos medios para comunicarse con los consumidores”, de forma que el comerciante puede facilitar “otros medios de comunicación distintos de los enumerados en la referida disposición para satisfacer tales criterios” de una comunicación directa y eficaz.

Si bien es cierto que ha habido anteriores sentencias relacionadas con esta Directiva, sobre todo en cuanto a la cuestión de la tarificación de los números de teléfono que los comercios o diferentes empresas ofrecían, no se había cuestionado si realmente era exigible que todos los comercios tuvieran necesariamente un teléfono al que los consumidores pudieran llamar. Actualmente, no son pocos los negocios que pueden desarrollarse en Internet, o incluso fuera de ella, sin contar con una línea de teléfono. Por tanto, no es necesario que el comerciante contrate una línea de teléfono expresamente para atención de los consumidores si no es ese el medio que usa para ponerse en contacto con ellos.

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septiembre 13

El travestismo del consumo del tabaco. Que no te engañen, el vapeo salva vidas

El 31 de enero de 2018 fumé mi último cigarrillo. La presión de mi familia terminó de convencerme para dejar este pernicioso hábito que, como muchos fumadores, había intentado dejar sin éxito en ocasiones anteriores. El 1 de febrero, obviamente, me levanté con unas ganas locas de fumar y decidí ir a una tienda de vapeo, pues veía que sin una ayuda de ese tipo, mi nuevo intento de dejar el tabaco estaría condenado, otra vez, al fracaso.

Desde entonces no he vuelto a fumar, llevo ya más de año y medio sin probar un cigarro y, lo mejor de todo, sin apenas echarlo de menos. Ahora puedo disfrutar de todas las ventajas de haber dejado el tabaco, al igual que miles de españoles que gracias a los vapeadores lo han conseguido. Desde luego, al día de hoy se me antoja como prácticamente imposible volver a coger un cigarrillo.

Hacía tiempo que tenía ganas de escribir algo sobre el vapeo, especialmente desde la perspectiva jurídica, dados los ataques que desde los órganos legislativos españoles se están lanzando contra el método que se ha revelado como el más eficaz para dejar de fumar. No en vano, en el Reino Unido las autoridades sanitarias recomiendan el vapeo como alternativa al tabaco, sosteniendo, en uno de los pocos estudios rigurosos que se han hecho al respecto, que es un 95% menos dañino que el tabaco. Incluso el propio parlamento británico se muestra a su favor instando a las autoridades a revisar la regulación sobre las restricciones para el uso de estos dispositivos en espacios públicos.

El indecente evento celebrado el pasado 3 de septiembre, con el engañoso título de “Reducción de daños en tabaco: mentiras, verdades y estrategias“, auspiciado por el Ministerio de Sanidad y patrocinado por vete a saber quién, ha sido lo que me ha llevado a dejar de seguir postergando mi inquietud de escribir sobre el vapeo, pues la amenaza que se cierne sobre este sistema para abandonar el tabaco es cada vez más evidente y es preciso actuar antes de que sea demasiado tarde. Espero poder tener tiempo en otros artículos para abordar esta temática desde una perspectiva más jurídica, pero ahora toca denunciar la campaña de desinformación que está llevando a cabo nuestro gobierno.

En dicho evento propagandístico, que por momentos parecía organizado por la misma industria tabaquera y donde se negó la participación de personas vinculadas con el vapeo, la Ministra de Sanidad, máxima responsable de la salud de los españoles, se refirió, con poca fortuna, al vapeo como el “nuevo travestismo del consumo del tabaco”, para promocionar la campaña gubernamental de comunicación en su contra que se lanzó seguidamente y anunciar medidas legales represivas bajo el eufemismo de que ese travestismo requiere “una actualización de la normativa que dé respuesta” al mismo.

Es realmente bochornoso que la persona que se sitúa como la principal responsable de la salud de los españoles se refiera al vapeo como un “travestismo del consumo del tabaco”. Ello evidencia que esta señora, en el mejor de los casos, no tiene ni idea de lo que habla y que, en cualquier caso, desprecia por completo la salud de los españoles y a los que aspiran a dejar de ser esclavos de la industria tabaquera, dejando fuera cuestiones de orientación sexual sobre el travestismo que no vienen ahora a cuento.

La propaganda gubernamental, financiada con nuestros impuestos, equipara de una forma vergonzante diversas formas de consumo de tabaco como los cigarrillos, los calentadores de tabaco y las pipas de agua (que sí tienen tabaco), con el vapeo (que no contiene tabaco) como han denunciado entre otros muchos Julio Ruades (el mono vapeador).

Todo ello ha llevado a ANESVAP (Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales) a convocar una manifestación prevista para el próximo lunes 16 de septiembre a las 11:30 frente al Ministerio de Sanidad en Madrid (Paseo del Prado, 18), para denunciar la “demonización sistemática” que sufre el vapeo y “reclamar que se nos escuche y termine la campaña de desinformación sobre el vapeo”, a la que se están sumando muchas otras organizaciones, empresas y personas relacionadas con el sector.

El próximo lunes, por tanto, toca arrimar el hombro y estar presente en esta manifestación, para ver si podemos enseñar a nuestros políticos y gobernantes, especialmente a la actual Ministra de Sanidad, algo de educación y respeto por la salud de los ciudadanos.

Finalmente, os dejo con una canción que resume la situación de una forma más amena, pero sin perder un ápice de rigor.

#StopCensura #ElTabacoAtaYTeMata #VapearSalvaVidas #elvapeosalvavidas #quenoteengañen #NoALaDesinformacion

julio 29

El crimen perfecto, con bitcoins

“El único crimen perfecto no es aquel que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un falso culpable.”
De la película “Los crímenes de Oxford” https://youtu.be/8yHM-KdEh-U?t=47

En efecto, no hay mejor crimen que aquel en que “el marrón” se lo come otro. Un crimen donde queda pendiente su autoría es una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre el verdadero culpable, pues como se indica en la película, “cualquier coartada contiene un elemento de falsedad que, con paciencia, es posible descubrir”. En cambio, si la responsabilidad criminal recae sobre otro es mucho más fácil sustraerse de forma definitiva a la acción de la Justicia.

Desde hace ya algún tiempo se habla de las estafas que se comenten con ocasión de las criptomonedas, donde en la mayoría de los casos, bajo una apariencia de negocio de inversión, los estafadores se quedan con los fondos ajenos, como por ejemplo en el caso resuelto por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 326/2019, de 20 de junio. Pero las criptomonedas son también usadas de otras maneras para cometer estafas de una forma más elaborada que, además, consigue en ocasiones engañar también a los jueces ofreciéndoles un falso culpable para pagar los platos rotos, haciendo así que el crimen sea perfecto.

Ese es el caso analizado por la Audiencia Provincial de Pamplona en su Sentencia n.º 184/2019, de fecha 23 de julio, que revoca la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado de instancia, que en un primer momento cayó en el engaño pergeñado por los estafadores.

El modus operandi de la estafa en este tipo de casos obedece al siguiente esquema:

 

 

 

1.- El estafador publica un anuncio del alquiler de un inmueble en la plataforma de milanuncios usando previsiblemente datos falsos que luego sean difíciles o imposibles de rastrear.
2.- La víctima atiende el anuncio y proporciona al estafador sus datos reales.
3.- Usando los datos reales de la víctima y haciéndose pasar por ella, crea una cuenta en LocalBitcoins y atiende un anuncio de venta de bitcoins de quien finalmente acaba siendo acusado: el falso culpable.
4.- El propietario de los bitcoins y a la postre falso culpable proporciona al estafador su n.º de cuenta donde hacer el ingreso en Euros de los bitcoins que se pretenden comprar. El estafador proporciona ese número de cuenta a la víctima.
5.- La víctima transfiere el dinero a la cuenta del falso culpable cuyos datos le ha dado el estafador.
6.- Cuando el dueño de los bitcoins comprueba que ha recibido el dinero transfiere los bitcoins al estafador en el monedero que este le haya indicado. No hace falta decir que la transferencia de los bitcoins es irrevocable y no tiene marcha atrás, y en ese momento, cuando el estafador ya tiene los bitcoins, desaparece del mapa.

La víctima entonces ya no puede contactar con quien le alquilaba la casa y, obviamente, cuando se da cuenta de que se ha quedado sin casa y sin dinero, presenta la correspondiente denuncia.

En esa denuncia, el dato más fiable, en cuanto a su realidad, es el n.º de cuenta donde se ha ingresado el dinero, dado que detrás de la cuenta hay una persona perfectamente identificable, teniendo en cuenta que los datos proporcionados por el verdadero estafador, tanto en la plataforma milanuncios como en LocalBitcoins, son falsos y conducen a un callejón sin salida.

Debería resultar evidente que no tiene sentido considerar que el dueño de los bitcoins y el estafador sean la misma persona. Ello implicaría que el mismo individuo abre una cuenta en milanuncios con datos falsos y dos cuentas en LobalBitcoins, una en calidad de comprador (con datos de la víctima) y otra en calidad de vendedor (con datos reales). No hace falta pensar mucho para llegar a la conclusión de que si esa fuese la realidad, al estafador se le pillaría rápidamente con los datos de la cuenta bancaria donde se recibe el dinero y los datos reales asociados a la misma.

Pero claro, lo fácil es seguir la pista del dinero y, dado que el único dato real con el que se cuenta, aparte de los de la víctima, son los de la cuenta bancaria, endilgar a su titular la comisión del delito sin más miramientos y sin entrar a valorar, acaso por desconocimiento, que a cambio del dinero recibido, esa persona entregó bitcoins de los que era dueño.

En el caso analizado, el Juzgado de primera instancia cayó en esta trampa y consideró como estafador al falso culpable. Afortunadamente, la Audiencia Provincial de Pamplona no ha cometido el mismo error y ha acabado absolviendo a quien no era sino un mero instrumento para la comisión del delito que, por desgracia, ha acabado quedando impune.

Y hay más casos por el estilo, aún pendientes de una resolución definitiva, que son incluso más elaborados y complejos que el aquí analizado y que ya tendremos ocasión de comentar.

Todo ello nos lleva fundamentalmente a dos reflexiones. La primera, que nuestros jueces y fiscales requieren una formación adecuada en cuestiones tecnológicas, y específicamente en materia de criptomonedas, pues estas no son el bicho raro que muchas personas consideran vinculadas únicamente con actividades ilegales. Los estafadores son oportunistas que aprovechan cualquier recurso a su alcance y el desconocimiento o ignorancia de muchas personas. Estafas como la aquí comentada pueden realizarse con dinero en efectivo, Paypal o cualquier otro sistema de pago, como mediante tarjetas de crédito, como de hecho le pasó previamente a la víctima de este caso que, según se recoge en la propia sentencia, había hecho previamente un ingreso en una tarjeta prepago italiana. El hecho de que alguien opere con bitcoins no debe implicar una criminalización prejuiciosa, en la que seguramente cayó el Juzgado de instancia en el caso analizado, que prescindió por completo de analizar la operación de venta de bitcoins para considerar así al vendedor de la criptomoneda como el estafador, cuando en realidad no era más que un instrumento para la comisión del delito.

De otro lado, y con independencia de si se usan criptomonedas o no, es preciso poner de manifiesto que conviene extremar las precauciones en estas plataformas que, como milanuncios o LocalBitcoins, se limitan a poner en contacto a compradores y vendedores, pues, por mucho AML y KYC que imponga la normativa, estos mecanismos no son del todo perfectos y en ocasiones incluso contribuyen a estas estafas, pues mediante páginas que suplantan iniciativas legales los estafadores consiguen hacerse con datos y documentos de los usuarios para perpetrar sus fechorías, de forma que cualquiera corre el riesgo de convertirse en víctima o en falso culpable de crímenes perfectos.

Comentario de Pablo de Romero en publico.es.

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julio 2

El Tribunal Supremo se pronuncia por primera vez sobre los bitcoins, confirmando una condena por estafa

En su Sentencia nº 326/2019, de 20 de junio, el Tribunal Supremo confirma la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que por primera vez en España establecía una condena por  un caso de estafa con bitcoins.

La Sentencia de la Audiencia Provincial consideraba al acusado como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, imponiendo la obligación de indemnizar a las víctimas en el valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de los contratos que cada una tenía con el acusado.

Dicha sentencia fue recurrida tanto por el condenado como por la acusación particular, y el Tribunal Supremo desestima todos los recursos interpuestos confirmando la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo español tiene ocasión de pronunciarse sobre la primera y más importante criptomoneda, el bitcoin.

En este caso, el acusado había suscrito diversos contratos para la realización de operaciones de trading de alta frecuencia con los bitcoins que cada uno de los denunciantes le entregaron. El Supremo analiza esta figura al decir que “la negociación de alta frecuencia, también conocida en el ámbito financiero por su nombre en inglés high-frequency trading (HFT, por sus siglas en inglés), es un tipo de negociación que se lleva a cabo en los mercados financieros utilizando herramientas tecnológicas para obtener información del mercado, ejecutando, mediante algoritmos informáticos, múltiples y numerosas órdenes de compra-venta en fracciones cortas de tiempo.”

Nuestro Alto Tribunal pone de manifiesto que “el Tribunal de instancia contempla que el acusado no ha acreditado haber realizado ninguna de las innumerables operaciones contratadas; una constatación que esta Sala evalúa de fuerte valor incriminatorio, puesto que solo el acusado, como gestor de las inversiones, podía aportar la documentación que justificaría su actuación en el mercado financiero y las operaciones de adquisición o de venta que deberían haber conducido al provecho de las inversiones y que, según sostiene, determinaron una secuencia de operaciones a pérdidas que se saldaron volatilizando la totalidad del capital invertido.”

Uno de los elementos que ha tenido que analizar el Supremo, si bien presentaba un carácter incriminatorio secundario, era el conjunto de correos electrónicos aportados por los denunciantes, que en el acto del juicio fueron impugnados por el acusado. El Supremo indica, reconociendo “la escasa regulación recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la prueba documental”, que corresponde al Tribunal de instancia “examinar de manera directa los documentos, debiendo motivar la convicción o el rechazo de lo que encierran en función de su coherencia o compatibilidad con el resto del material acreditativo presentado” y que éste otorga valor probatorio a los mismos  “desde una serie de elementos que confluyen a apuntar la procedencia que el recurrente niega en su descargo”, tales como que hayan “sido varios los testigos que han sostenido que los mensajes los cruzó el acusado con cada uno de ellos”, que “el acusado no negó la autenticidad de las conversaciones hasta el juicio oral, pese a que los documentos se presentaron desde la denuncia inicial” y que sí “reconoció la realidad de las cuentas de correo que se le atribuyen y que aparecen como origen de esas comunicaciones, sin que el Tribunal admita razonable el descargo que el acusado expresó al indicar que sus cuentas fueran objeto de ataques intrusivos de hackers desconocidos, pues más allá de que la introducción de terceros sea posible, ningún interés podrían tener unos supuestos intrusos en asumir la personalidad del acusado en el ámbito de la contratación para impulsar conversaciones en su nombre, menos aún cuando el contenido de esas conversaciones es desarrollar ante los denunciantes una explicación de las dificultades por las que han pasado sus contratos, o de la solución que les podía dar la empresa o, finalmente, de los problemas irreparables para sus inversiones, como que se había “parado” el algoritmo”, destacando especialmente que algunos “el acusado presentó copia de esos correos electrónicos, lo que implica conocer su contenido”.

Por su parte, la acusación particular había planteado también recurso, pues consideraba que, en aplicación de los artículos 110 y 11 del Código Penal, el acusado debía ser condenado a la restitución de los bitcoins sustraídos y no “en el valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de los contratos.”

Sobre estos extremos, el Supremo indica que “la jurisprudencia de esta Sala ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito”, pero luego da la impresión de no acabar de entender lo que aconteció, al decir que los acusados no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo.” Como decimos, lo que entregaron las víctimas fueron bitcoins, no euros, por lo que no se entiende bien por qué el Supremo hace esta afirmación.

En cualquier caso, seguidamente indica “que tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero.” Lo cierto es que el hecho de que no sea un objeto material (ni la consideración legal de dinero), no debería ser obstáculo para la aplicación de la doctrina que el propio Supremo alude sobre la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, pues en la noción de cualquier bien han de entenderse comprendidos tanto los bienes materiales como inmateriales. Entendemos que lo pertinente habría sido determinar si los bitcoins pueden ser objeto de restitución en la práctica, de forma que su carácter material o inmaterial no es motivo para denegar la obligación de proceder a su restitución. Además de una cuestión de cumplimiento de la legalidad, obligar a la devolución de los bitcoins también obedece a un criterio de justicia, pues de otra forma, al estafador le sale tremendamente rentable afanar unos bitcoins para años después tener que satisfacer simplemente el valor en euros que en aquella época tenían, quedándose así con toda revalorización que el activo ha tenido en estos años.

El Alto Tribunal explica su posición analizando el bitcoin para decir que “no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre”, y menciona de una forma poco comprensible, equivocándose en la cuantía de bitcoins existentes, que “a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades.” Como sabemos, la cifra de 21 millones es la cantidad total de bitcoins que, por diseño del protocolo, acabarán existiendo, pero esos bitcoins no fueron creados con el carácter inicial que parece entender el Supremo.

El caso es que estas apreciaciones llevan a la Sala a definir el bitcoin como “un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta” que se puede usar “como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción”, pero que “en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal”, según lo dispuesto en el art. 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

Todo ello, lleva a concluir a nuestro Alto Tribunal, en nuestra opinión de forma equivocada, que “por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins.”

Realmente no se alcanza a ver el motivo por el que un activo inmaterial, que no es dinero, no puede ser objeto de restitución, cuando en la práctica es perfectamente factible. Por lo demás, todo indica que sería conveniente que nuestros jueces se formaran adecuadamente sobre las criptomonedas, el bitcoin y la tecnología blockchain, pues seguro que esta ocasión no es sino la primera de muchas en las que nuestros tribunales tendrán que ocuparse de estas cuestiones.

La sentencia ha sido objeto de comentario por Pablo Romero en Público.es
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