La Agencia española de protección de datos ha publicado su Memoria del año 2013, donde recoge las actuaciones más relevantes realizadas por la institución, dedicando un espacio destacado a los retos actuales y futuros.
En la nota informativa que acompaña a la memoria se destaca que los ciudadanos y organizaciones son cada vez más conscientes de las garantías que pueden exigir o deben cumplir, como prueba el hecho de que las solicitudes de cancelación de datos crece respecto a 2012.
El sector en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, seguido del suministro y comercialización de agua y energía, y las entidades financieras.
En la Memoria pueden encontrarse referencias a algunos casos concretos como, por ejemplo, el que afecta a la cancelación de antecedentes policiales, en el que un ciudadano solicitó la cancelación de antecedentes policiales y le fue denegada, genéricamente, invocando la aplicación de los artículos 22 y 23 de la LOPD. La tutela solicitada ante la Agencia estima la reclamación requiriendo que se especifiquen las razones de la denegación atendiendo a las circunstancias del caso planteado. El expediente fue tramitado con el nº TD/01326/2013 y acabó ordenando a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL. SECRETARÍA GENERAL) que remitiera al reclamante certificación en la que haga constar que ha atendido el acceso solicitado, o deniegue fundada y motivadamente dicho acceso, advirtiendo de que se puede incurrir en su defecto en una de las infracciones previstas en el artículo 44 de la LOPD.
