mar 25

Mordazas en lugar de mascarillas

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Desde la gerencia de diversos centros hospitalarios se está “advirtiendo” sobre la difusión de información relacionada con el COVID-19, echando mano de forma claramente improcedente de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

Dichas advertencias varían en su redacción, pero tienen en común el hecho de utilizar la normativa sobre protección de datos como excusa para tratar de impedir la difusión de información relativa, no a los pacientes o profesionales concretos y sus datos personales, sino a las condiciones en que se están prestando los servicios sanitarios.

Las comunicaciones que se han conocido mezclan churras con merinas metiendo en el mismo saco tanto datos relativos a la salud de los pacientes y profesionales, que obviamente sí están comprendidos en el ámbito de la normativa sobre protección de datos, como otro tipo de información que, a todas luces, caen fuera de esa normativa. Igualmente se mezcla deberes genéricos de responsabilidad y prudencia con obligaciones impuestas legalmente. Con todo ello, hacen un totum revolutum, escondiendo una voluntad de censurar la información que resulta contraria a los derechos constituciones de libertad de expresión e información consagrados en el artículo 20 de nuestra Constitución, todavía vigente.

Así, en el caso de Barbastro, junto con los aludidos datos protegidos, se habla expresamente de datos de “organización/información sanitaria” y “cuestiones de organización interna de la empresa (centro de salud, hospital, etc…)” y que se pueden imponer multas de hasta 600.000 Euros.

La comunicación está redactada de una forma conscientemente confusa equiparando datos amparados por el Reglamento General de Protección de Datos con otros que no están en su ámbito de aplicación, como muestra esta frase: “los profesionales sanitarios deben evitar comunicar datos de salud [amparados] o de organización/información sanitaria [no amparados]…”

Más adelante, la comunicación hace una genérica llamada a la “responsabilidad y prudencia” para terminar indicando que el hecho de “compartir” información sobre cuestiones de organización interna “vulnera la normativa sobre protección de datos.”

Por otro lado, en Valencia se emplaza a todo el personal a que se abstenga de difundir información sobre “datos asistenciales”, indicando que la misma “queda reservada a las autoridades sanitarias.” La comunicación no aclara a qué se refiere con datos asistenciales, pero todo indica a que es información de la misma categoría a la que antes aludíamos: datos e informaciones de organización sanitaria.

Igualmente, esa “reserva” que hace la comunicación supone una restricción incompatible con la actual configuración del artículo 20 de la Constitución que no se ha visto limitado por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de alarma, cuya única previsión sobre la libertad de expresión e información es la que se contiene su art. 19 en cuya virtud “Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir.” Pero en modo alguno se limita la comunicación de informaciones veraces ni opiniones, como podría suceder si se declarara el estado de excepción, lo cual no debería suceder.

Es obvio que en la situación actual todos deberíamos actuar con responsabilidad y prudencia, y cada vez es más obvio que los primeros que han actuado de forma, cuanto menos, imprudente e irresponsable son los miembros del gobierno. Pero poner una mordaza en la boca de nuestros sufridos profesionales sanitarios y sus pacientes, en vez de las mascarillas que no han llegado a tiempo por la incompetencia, acaso premeditada, del gobierno, no parece que pueda contribuir sino a la deriva totalitaria que empieza a vislumbrarse en nuestro horizonte. El gobierno da la impresión de haber decidido que los profesionales sanitarios son uno de los enemigos contra los que hay que ir para no poner el peligro la implantación de sus falaces mantras, como el bulo de que se han contagiado fuera de los hospitales, consciente de que, al igual que los militares, seguirán prestando abnegadamente sus servicios superando cualquier adversidad.

Y la mayoría de la prensa, incluso la supuestamente más comprometida con la Libertad de Expresión e Información, está ya más preocupada por que le toque algo en la pedrea gubernamental que no por el oscuro horizonte se cierne sobre nuestras libertades.

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